Desde ADICAE Madrid queremos trasladar a la ciudadanía una visión clara y crítica sobre la situación actual de la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler en España, un asunto que afecta directamente a millones de familias en un contexto de fuerte crisis de acceso a la vivienda.
En marzo de 2026 el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2026, que introducía una medida excepcional: la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler de vivienda habitual hasta un máximo de dos años adicionales, manteniendo las condiciones del contrato y limitando la subida anual de la renta al 2%. Esta medida estaba dirigida a contratos que finalizasen antes del 31 de diciembre de 2027 y buscaba contener el impacto de la inflación y la escalada de precios del mercado inmobiliario.
La norma suponía un importante avance en la protección de las personas consumidoras, ya que obligaba, con carácter general, a los propietarios a aceptar la prórroga si el inquilino la solicitaba dentro del periodo de vigencia del decreto, salvo causas justificadas como la necesidad de la vivienda.
Sin embargo, la situación ha dado un giro relevante tras la reciente decisión del Congreso de los Diputados de no convalidar dicho decreto. Como consecuencia, la medida ha quedado derogada apenas unas semanas después de su entrada en vigor, generando un escenario de gran inseguridad jurídica tanto para inquilinos como para propietarios.
Desde ADICAE Madrid advertimos que esta derogación no elimina automáticamente todos los derechos generados durante la vigencia de la norma. Las solicitudes de prórroga realizadas correctamente dentro de ese periodo pueden seguir siendo válidas y exigibles, aunque existen interpretaciones jurídicas divergentes sobre su alcance, lo que está provocando conflictos entre arrendadores e inquilinos.
Esta incertidumbre está teniendo consecuencias prácticas inmediatas. Muchos arrendadores están negando la prórroga, mientras que organizaciones sociales y expertos recuerdan que los derechos adquiridos deben respetarse, lo que anticipa un aumento de litigios y reclamaciones.
Además, la caída de la medida implica que numerosos contratos que vencen en 2026 y 2027 quedarán fuera de esta protección, obligando a renegociaciones en un mercado altamente tensionado, donde los precios han aumentado significativamente en los últimos años.
Por ello, ADICAE Madrid recomienda a las personas consumidoras:
- Revisar si solicitaron la prórroga dentro del periodo de vigencia del decreto.
- Conservar toda la documentación que acredite dicha solicitud.
- Exigir el cumplimiento de sus derechos en caso de negativa del arrendador.
- Acudir a Adicae Madrid para recibir asesoramiento.
En definitiva, la vivienda es un bien de primera necesidad, y no puede quedar sujeta a decisiones coyunturales o a la falta de consenso político. Desde ADICAE Madrid seguiremos trabajando para defender los derechos de las personas consumidoras y promover un acceso digno a la vivienda, que proteja de forma efectiva a los inquilinos frente a un mercado cada vez más inaccesible.
